Colombia tiene un interés de posicionarse como un referente regional en la transición energética. Lo que antes era un terreno experimental, se convierte en una industria robusta, respaldada por un marco legal que no sólo regula, sino que premia la adopción de fuentes no convencionales de energía renovable (FNCER).
La ley 1715 de 2014 es la constitución de las energías renovables en Colombia. Su objetivo es integrar las energías limpias al sistema eléctrico nacional. En 2026, los beneficios que introdujo siguen siendo el principal motor de inversión:
- Deducción de Impuesto de Renta: un inversionista puede deducir hasta el 50% del valor de su inversión en la declaración de renta (aplicable en un periodo de hasta 15 años).
- Exención de IVA: los paneles, inversores y controladores están exentos del 19% de IVA, lo que reduce drásticamente el costo inicial.
- Cero Aranceles: la importación de maquinaria y equipos para proyectos solares no paga tributos aduaneros.
- Depreciación Acelerada: permite recuperar la inversión vía contable en un tiempo mucho menor al de otros activos.
La ley 2099 modernizó a la 1715, simplificando trámites y ampliando beneficios. Un punto clave que sigue vigente es el fortalecimiento de la UPME (Unidad de Planeación Minero Energética), que es la entidad encargada de certificar los proyectos para que puedan acceder a los descuentos tributarios mencionados arriba.
¿Qué pasa si sus paneles producen más energía de la que consume?
En el caso de la Resolución 174 de 2021, regula la Autogeneración a Pequeña Escala (AGPE). Esta permite que los usuarios (industrias, comercios, o casas con sistemas menores a 1 MW) inyecten sus excedentes a la red eléctrica y reciban una compensación en su factura. En la práctica, esto significa que el contador puede «correr hacia atrás» o generar saldos a favor con el operador de red.
La regulación se ha encargado de regular otros temas e incluyen en la toma de decisión de estos proyectos. Un ejemplo de esto, son las disposiciones técnicas que entran en vigor a partir del 1 de julio de 2026 y que todo instalador debe cumplir:
- Sistemas de Almacenamiento: Se han introducido incentivos adicionales (incremento en la deducción de renta hasta el 60% en algunos casos) para proyectos que incluyan baterías de litio, buscando mayor estabilidad en la red.
- Certificación obligatoria: Se exige que todo técnico instalador cuente con una acreditación específica vigente para garantizar la seguridad eléctrica y prevenir incendios o fallas sistémicas.
- Licencia Ambiental Simplificada: Para proyectos de hasta 100 MW, el trámite ante la ANLA se ha agilizado, permitiendo que las granjas solares medianas entren en operación mucho más rápido.
